Economía

El gasto en pensiones contributivas supera los 9.000 millones de euros al mes

El Ministerio de Trabajo ha informado este lunes que el gasto en pensiones supera por primera vez el umbral de los 9.000 millones de euros mensuales,  lo que supone un aumento del 3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Así, la pensión media de jubilación ha subido a 1.083,67 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado. La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), ha alcanzado los 937,19 euros mensuales, es decir, es un 1,84% más elevada que un año antes.

El conjunto del Sistema público de pensiones supera los 9,6 millones de pensiones contributivas (9.613.641), un 1,13% más respecto al año pasado.

En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (con datos de mayo) fue de 1.369,28 euros, lo que supone un descenso del 2,61% respecto al mismo mes del año anterior.

Más de la mitad (5.919.154) han sido por jubilación, 2.359.486 son pensiones por viudedad, 952.456 por incapacidad permanente, 340.797 por orfandad y 41.748 son pensiones a favor de familiares.

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EconomíaInternacional

Acuerdo histórico: Grecia pone fin a ocho años de rescates

Grecia ha cerrado aparentemente, por fin, la página de los rescates. Tras ocho años de crisis, recesión y de las imprescindibles medidas de austeridad, los ministros de la eurozona acordaron este viernes de madrugada liberar a Atenas de la tutela internacional. Eso sí, antes han aprobado un último tramo de ayuda al país de 15.000 millones de euros, así como ampliar en 10 años los vencimientos de buena parte de su deuda.

“Con todas estas medidas podemos decir con seguridad, que la deuda griega será sostenible en el futuro” afirmó el presidente del eurogrupo, Mario Centeno. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a Grecia y a los griegos en sus esfuerzos de reforma para mantenerse en el rumbo del crecimiento sostenible”.

Este acuerdo histórico, alcanzado tras varias reuniones bilaterales y trilaterales entre los ministros de economía de Grecia, Francia y Alemania, es un balón de oxígeno para Grecia y para el gobierno populista de extrema izquierda encabezado por Alexis Tsipras.

De los 15.000 millones de euros del último tramo de ayuda, 5.500 se utilizarán para devolver su deuda y el resto para engrosar un colchón de efectivo que permitirá a Atenas cubrir sus necesidades de financiación durante 22 meses sin necesidad de recurrir a los mercados.

No obstante, el acuerdo también impone objetivos fiscales rigurosos y el país va a ser sometido a una vigilancia estricta hasta 2022 para comprobar que no dá marcha atrás en las reformas.

288.700 millones de euros en ayudas a cambio de ocho años de recortes y reformas

En estos ocho años, Grecia ha recibido más de 288.000 millones de euros en ayudas. A cambio, el país se ha sometido a profundas reformas de su sistema laboral, tributario, de seguridad social, pensiones o administración pública. También ha llevado a cabo privatizaciones, un saneamiento de su banca y, sobre todo, un severo ajuste fiscal, que ha conllevado un sacrificio enorme de la población.

De la recesión al crecimiento

Grecia ha conseguido así pasar de la recesión a un crecimiento del 1,4 % en 2017 y del déficit al superávit. La otra cara de la moneda es una reducción del PIB del 25 % y un paro persistente, del 20,1 %,, el más elevado de la Unión Europea.

El Gobierno de Tsipras tendrá ahora más margen para dejar de lado la austeridad, es decir para gastar más, siempre y cuando no revierta las reformas, consiga seguir creciendo y afiance la confianza de los mercados. En otras palabras, se le va a permitir empezar de nuevo a endeudar a Grecia.

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Economía

Rossell propone un salario mínimo de 1000 euros

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rossell, propondrá el próximo martes en la reunión de la Junta Directiva de la patronal incrementar los salarios más bajos de los convenios hasta alcanzar los 1.000 euros. Esta propuesta se incardina en el debate que tendrá lugar sobre la subida salarial para el periodo 2018-2020, clave para cerrar un acuerdo con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

Aunque la intención inicial es que este compromiso se aplique solo en los sectores que hayan notado los efectos de la recuperación económica, para evitar que se agrave la situación de las empresas en pérdidas, tanto la patronal como los sindicatos han expresado su convencimiento de que las retribuciones más bajas deben incrementarse gradualmente en los próximos años. Lo curioso del caso es que de esta manera, implícitamente, la patronal admite que la subida del salario mínimo, o incluso la mera existencia de éste, provoca pérdidas y por lo tanto paro.

La medida que debatirá la Junta Directiva de la CEOE está en consonancia con el pacto firmado el pasado diciembre entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los interlocutores sociales para elevar el Salario Mínimo Interprofesionaltodos los años hasta 2020. Eso sí, en este último caso se fijó el SMI en 850 euros mensuales –en 14 pagas- para el primer año de la próxima década, es decir, una cantidad sensiblemente inferior.

Los acuerdos avanzan

Hace unos días las partes pactaron que la subida salarial anual tenga una parte fija del 2% y una variable del 1% que estará supeditada a la productividad y a la situación económica de cada empresa. El pacto se extenderá durante tres años, tal y como perseguían ambas partes desde hace varias semanas.

El pacto entre la CEOE y UGT y CCOO no se prevé que incluya finalmente la cláusula de revisión anual que pidieron los sindicatos con el objetivo de que la inflación no “se comiera” la subida salarial anual. Eso sí, se baraja la adopción de un compromiso para que este factor sea tenido en cuenta en la negociación de los convenios de las empresas en beneficios.

Diferentes asociaciones de empresarios se han mostrado de acuerdo con la propuesta de que se incrementen los salarios más bajos. Eso sí, han advertido de la importancia de que este aumento esté vinculado a la competitividad de las empresas.

“Las mejoras tienen que decidirse al firmar cada convenio, dado que hay sectores que están en pérdidas y no se lo pueden permitir; y otros que están en beneficios, pero que tienen empresas muy endeudadas que deben destinar una buena parte de sus recursos a mejorar su situación financiera”, han explicado. Y han añadido: “Es importante que este tipo de medidas se tomen con cierta cautela, dado que el aumento de los salarios más bajos puede provocar una inflación de sueldos generalizada”.

Cerrando detalles

En la reunión del próximo lunes, patronal y sindicatos esperan alcanzar un acuerdo sobre los asuntos que quedan pendientes en la negociación, que están relacionados, principalmente, con la flexibilidad laboral, la formación de los trabajadores y el absentismo.

Fuentes de la CEOE han puesto el foco sobre este último punto, que provocó pérdidas de 75.449 millones de euros en las empresas españolas en 2017, es decir, un 10,5% más que en el ejercicio anterior, según datos de Adecco.

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Economía

Menos IVA a los productos de higiene femenina “por razones de discriminación”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que en los planes del Gobierno socialista figura la posibilidad de bajar el IVA a los productos de higiene íntima femenina, como compresas y tampones,”por razones de discriminación”.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, la ministra socialista ha señalado que la posible reclasificación de algunos productos y servicios para que tributen con el IVA reducido o superreducido tiene que abordarse “en su totalidad” y no de manera separada. Montero ha considerado que si se desmenuza “deja de tener coherencia”. En ese sentido, ha añadido que el Gobierno trabaja en el contexto europeo, que quiere avanzar hacia “un espacio fiscal único para el IVA”.

En ese sentido, ha reconocido que en su “hoja de ruta” figura el estudio de la capacidad de aplicar posibles bajadas del IVA a algunos productos, en concreto los culturales y los de higiene íntima femenina para “no gravar mujeres con un impuesto añadido por el simple hecho de ser mujeres”.

El diputado de ERC Joan Capdevila ha reclamado a Montero que baje el IVA  a pañales infantiles y de adultos, a los condones “para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados”, así como para “los productos y servicios para dependientes”.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué no se aborda por las mismas razones y para tener los mismos efectos, y aunque solo sea por igualdad, una bajada a los productos de higiene masculina y, por supuesto, una bajada de impuestos generalizada. Ya que si la bajada de impuestos al sector cultural contribuye al consumo de la cultura y al crecimiento de ese sector, una bajada del IRPF contribuiría al crecimiento del consumo y del empleo en general.

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Economía

El BCE adoptará una estrategia paciente y gradual en la subida de tipos

El Banco Central Europeo (BCE) adoptará una posición “paciente” y “gradual” a la hora de elevar los tipos de interés conforme la inflación se recupere en la zona euro, dijo el martes su presidente, agregando que estaba contento con las actuales expectativas del mercado.

“Continuaremos siendo pacientes a la hora de determinar el momento de una primera subida de tipos de interés y llevaremos a cabo una estrategia gradual de ajustar la política posteriormente”, dijo Mario Draghi en una conferencia del BCE en la ciudad portuguesa de Sintra.

Draghi añadió que los tipos de interés a muy corto plazo del mercado monetario reflejan ampliamente estos principios.

Los mercados monetarios actualmente descuentan la primera subida de tipos de la facilidad de depósitos del BCE en septiembre de 2019, a día de hoy en el -0,4%, una fecha para la que también se espera la primera subida de los tipos desde marzo de 2016, tras el discurso del pasado jueves en el que también anunció el fin de su programa de compras de deuda (QE) en diciembre. “La política monetaria de la zona euro continuará siendo paciente, persistente y prudente”, ha recalcado Draghi en Sintra.

El BCE ya dejó la semana pasada en Riga (Letonia) bastante clara su hoja de ruta a la hora de subir los tipos de interés. Los mantendrá estables en el actual mínimo histórico del 0%, al menos, hasta el verano de 2019, una fecha a partir de la cual si las condiciones macroeconómicas y los tipos de interés acompañan podrían subirlos.

Las condiciones actuales

El hecho de acabar con las compras de deuda, ha reiterado Draghi, obedece a una mejora de la economía, aunque “es innegable que la incertidumbre se ha incrementado“, ha dicho, por tres cuestiones esenciales: la posibilidad de un aumento del proteccionismo, un alza en el precio de los combustibles y el temor a la “volatilidad” del mercado financiero. Sin embargo, la expansión fiscal realizada por Estados Unidos y la prevista en varios países de la eurozona pueden servir de estímulo al crecimiento.

Mario Draghi también ha repasado la situación macroeconómica de la zona euro, en la que hay una buena recuperación de empleo y se mantiene “el círculo virtuoso entre empleo y consumo”. Ha asegurado que los sueldos comienzan a moverse al alza, subrayando que los recientes convenios salariales firmados en países como Alemania, Francia o España, apuntan a la continuación de esta dinámica salarial. “Hay indicios de que la moderación en el crecimiento salarial del sector público, que en el pasado había lastrado el crecimiento salarial agregado, está comenzando a relajarse”, ha dicho.

Por todo lado, el banquero central ha añadido que “la perspectiva de crecimiento no ha cambiado” y que las previsiones sobre la inflación, que el banco estima en el 1,7% para este año y el próximo, se mantienen “favorables”.

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Economía

El Gobierno del PSOE contra la reforma laboral de 2012

El gobierno socialista lo sigue diciendo por activa y por pasiva: derogará todo lo que pueda de la reforma laboral que el PP realizó en 2012.

Ante la pregunta de la senadora del PP, María Rosario Soto, que le ha preguntado si había dado marcha atrás en su intención de derogar la reforma laboral de 2012, la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha insistido hoy en que el Gobierno derogará los aspectos más “perniciosos” de la reforma laboral del PP contando con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios.

“No renunciamos a nuestros principios pero tenemos los pies en el suelo”, ha dicho la ministra durante la sesión de control al Gobierno del Senado. La ministra socialista ha añadido que el Ejecutivo mantiene su intención de restituir el marco de relaciones laborales “dinamitado” por el PP y dejar sentadas las bases para un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Valerio ha dicho que el Gobierno tiene intención de devolver a los agentes sociales su poder negociador, restaurar la primacía de los convenios sectoriales frente a los de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios y poner coto a los contratos a tiempo parcial, entre otras cosas. Es decir, volver a la tradicional política laboral socialista, hiperintervencionista, que siempre ha producido el mismo resultado: un paro sistémico entorno al 15%.

De hecho, su afirmación de que “No se puede apostar por una economía cuya competitividad se basa en la devaluación salarial”, hablando de la necesidad de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como condición necesaria para la estabilidad social y económica, reafirma la conclusión sobre la política laboral socialista tradicional: generará para estructural y, en última instancia, pobres Estado dependientes. El caldo de cultivo perfecto para extremistas y populistas.

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Economía

Ciudadanos aislado en el Congreso: contundente rechazo a su proyecto de contrato único

La propuesta de Ciudadanos ha sido rechazada de manera contundente con 302 votos en contra frente a 33 votos a favor, lo que indica claramente la situación de aislamiento por la que pasa la formación liberal liderada por Albert Rivera. Por lo menos ha contado con el apoyo de los dos diputados de UPN (Grupo Mixto), cuyo portavoz, Íñigo Alli, también ha manifestado sus reservas respecto a la ley aunque ha considerado oportuno permitir su tramitación.

El resto de grupos ha coincido en que la iniciativa de Ciudadanos abarata y facilita el despido, además de centrarse en la contratación sin mencionar otras cuestiones que causan la precariedad laboral como los bajos salarios e ignorando el papel de los agentes sociales (patronal y sindicatos) y de la negociación colectiva.

Lo cierto es que la propuesta defendida por Albert Rivera adolece de fallos graves ya que no se trata de una reforma integral de la política laboral y económica que afronte las carencias del sistema en España. Y aunque es cierto que toca alguno de sus problemas, lo hace solo de forma muy parcial y sin entrar en el fondo de la cuestión.

El Partido Libertario (P-LIB) se ha mostrado muy crítico con el oportunismo e hipocresía de Ciudadanos. Para la formación libertaria “No es de recibo que pretenda Albert Rivera erigirse como defensor del empleo cuando al mismo tiempo defiende unas propuestas lamentables, desde el punto de vista fiscal y laboral, para los autónomos y trabajadores privados” según declara su presidente Daniel Martínez. “Esta propuesta es un brindis al sol que demuestra que Ciudadanos está solo y que pretende recuperar algo de atención jugando con las esperanzas de los trabajadores” añade. Y concluye “No se puede engañar así a los que con tanto esfuerzo pagan impuestos y apenas pueden llegar a fin de mes”.

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Economía

El Senado aprobará mañana los Presupuestos de 2018 y los devolverá al Congreso con enmiendas del PP y PAR

El Pleno del Senado votará mañana lunes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 con la incorporación de al menos 44 enmiendas de los conservadores (PP) y de nacionalistas (Partido Aragonés -PAR-), con lo que culminará su tramitación en la Cámara Alta y el proyecto será devuelto al Congreso para aprobar el texto con los cambios o en su versión original.

La polémica ha trascendido a las redes sociales, y no son pocas las voces que denuncian que de ser necesarios los impuestos trasladados a otras partidas, entonces, el castigo lo reciben los ciudadanos vascos, y no el PNV. Y que de no ser necesarios no está justificada su existencia y, por lo tanto, lo que cabría realizar es una bajada de impuestos. Particularmente crítico con este juego entre partidos con el dinero de los contribuyentes ha sido el Partido Libertario (P-LIB), que denuncia la poca seriedad y respeto a los ciudadanos de los conservadores.

Durante la sesión, que comenzará a las 12.00 horas, el Pleno debatirá y votará las enmiendas que los grupos parlamentarios mantengan tras haber sido rechazadas en comisión. Esta semana, del total de 5.476 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del Senado, la Comisión de Presupuestos incorporó 44 enmiendas, todas ellas pertenecientes al Grupo Popular (17 del PP y 27 del Partido Aragonés).

En concreto, de las 17 enmiendas del PP que han sido aceptadas, la de mayor cuantía es una de 26,6 millones de euros destinados a financiar programas para la mejora del transporte público en zonas despobladas. Para poder incorporar esta dotación, la enmienda resta la misma cantidad de una partida que hasta ahora los destinaba al Servicio Vasco de Empleo. Además, otra enmienda popular extrae otros tres millones que iban a ser dedicados al Centro de Investigación Vasco, la ‘Biscay Marine Energy’.

Esta decisión por parte del PP de enmendar el proyecto de cuentas públicas elaborado por su propio Gobierno y aprobado en el Congreso de los Diputados hace tres semanas gracias al voto de, entre otras formaciones, el PNV, llegó después de que la formación nacionalista conservadora permitiera con su voto el triunfo de la moción de censura que dio la Presidencia del Gobierno al candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Por ello, el PNV considera que las enmiendas presentadas y aprobadas por el PP suponen una “revancha”, mientras que los conservadores defienden que fue la formación vasca quien rompió el acuerdo y que sus enmiendas tan sólo buscan “mejorar” los PGE.

Con la vuelta de los PGE al Congreso, el PSOE tendrá que tomar la decisión de si acepta o rechaza las enmiendas introducidas por el PP. En el primer caso, su abstención bastaría para que la Cámara Baja acepte las enmiendas con los votos del PP y el resto de sus socios parlamentarios.

Por el contrario, para rechazar las enmiendas y así cumplir con su compromiso con el PNV de mantener las cuentas tal y como salieron del Congreso, los socialistas tendrán que intentar reunir una mayoría de votos junto al resto de formaciones que hicieron a Sánchez presidente en la moción de censura (Unidos Podemos, ERC, PNV, PDECat, Compromís, Nueva Canarias y Bildu). En cualquier caso, la promesa que Sánchez hizo al PNV contrasta con la abstención de los senadores socialistas en la Comisión.

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Economía

Los billetes de avión subieron un 7,3% en mayo

Las aerolíneas que operan en España subieron un 7,3% el precio de los billetes en mayo, en comparación con el mismo mes de 2017.

Según los datos definitivos del IPC de mayo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta subida se produce después de que las tasas aeroportuarias que percibe Aena por el uso de los aeropuertos descendieron un 2,2% el 1 de marzo, por segundo año consecutivo, mientras que las de navegación cobradas por Enaire lo hicieron un 3% el 1 de enero de este año.

La subida de mayo, pese a la bajada de las tasas, ha podido deberse por el fuerte incremento del precio del petróleo experimentado en los últimos meses. Los billetes para volar al extranjero se dispararon un 10,8%.

Según el Documento de Regulación Aeroportuaria aprobado por el Gobierno, la rebaja del 2,2% de las tasas se aplicará también en los tres próximos ejercicios, hasta 2021. Además, entre 2022 y 2025 se establece que las tasas no podrán subir. Lo que falta por ver es si los precios de responderán también a la baja, conforme a las tasas, o seguirán subiendo.

En cuanto a las tasas de navegación, tras el descenso del 3% en este ejercicio, está prevista una nueva bajada del 12% el 1 de enero de 2019.

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Economía

Estibadores: las claves del conflicto

El conflicto en el sector de la estiba en España está en su punto más álgido. Los puertos españoles están pendientes de un hilo ante el conflicto desatado con el sector de la estiba -la manipulación y distribución de la carga para buques- por la adaptación a la normativa europea.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2014 que la forma en la que se organiza el sector es incompatible con la competencia, y el Gobierno, ante la inminencia de una segunda sentencia y su correspondiente multa, se decidió a poner una fecha para regularlo de forma unilateral por Decreto Ley.

Los sindicatos de estibadores convocaron tres jornadas de paros intermitentes, lo que subió el tono del conflicto, con acusaciones de los empresarios, amplificadas por el Gobierno, de huelgas encubiertas y sabotajes.

La dimensión del conflicto tendría graves consecuencias para la economía, porque es la salida del 80% de las importaciones y el 90% de las exportaciones, según la patronal, con más de 200.000 millones de euros en movimiento al año, el 20% del PIB.

¿Cómo funciona la estiba en España?
Lo primero a resaltar en este apartado es que en el sector de la estiba en España no hay libertad de contratación. Todo lo controlan los sindicatos de estibadores. Son ellos los que dictaminan quién trabaja, cómo trabaja y cuánto trabaja.

Los estibadores es un colectivo de trabajadores de 6.150 personas que se agrupan en más de un 98% en la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Para trabajar en la carga y descarga de los barcos hay que estar inscrito en las Sagep, sociedades anónimas de gestión de empleados de los puertos, instalados en cada uno de los puertos. Estas Sagep, en las que deben participar las empresas de estiba, reparten las jornadas de trabajo y seleccionan y forman al personal.

¿Qué sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?
El TJUE dio la razón el 14 de diciembre de 2014 a la Comisión Europea que consideraba que la legislación española impedía la libre contratación y establecimiento. Según la Corte, la normativa española “impide a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en los puertos españoles”.

España argumentó que efectivamente restringe la libertad de establecimiento pero que el servicio es de interés general con obligaciones de servicio público y además protege a los trabajadores. El TJUE consideró que esta regulación iba más allá de lo necesario para cumplir esos objetivos.

El incumplimiento de la citada sentencia acarrearía a España una nueva multa de más de 134.000 euros diarios mientras no se acate decisión, aparte de la sanción de más de 21 millones que ya acumula por no haber adaptado antes el sector de la estiba a la norma comunitaria .

¿Qué ha hecho el Gobierno?
La sentencia llegó con la conservadora Ana Pastor como ministra de Fomento, que promovió contactos tripartitos de los que salió una defensa ante la sentencia, con el respeto de la petición del colectivo de puntos de empleo que venían a perpetuar el sistema de gestión de las Sagep, calificada por muchos como “mafiosa”.

La profusión electoral de 2015 y 2016 y la interinidad de 2016 mantuvieron el conflicto latente y sin contactos. Ya en 2017, con el también conservador Ínigo de la Serna como titular de Fomento y ante la inminencia de una sentencia “que está al caer”, según el propio ministro, el Gobierno presentó un borrador para la reforma de la estiba que liberaliza por completo el sector, anulando las Sagep y las vías similares acordadas entre trabajadores y empresas concretas.

El borrador se presentó el 2 de febrero y, tras dos reuniones sin acercamientos, la fecha para firmar el decreto ley se estableció para el 17 de febrero, aunque el 15 por la tarde decidieron dar una semana extra para la negociación entre patronal y estibadores.

¿Qué recoge el borrador de decreto ley?
El Gobierno no tiene intención de echarse atrás en la apertura del sector a la libre compentencia, “atadado de pies y manos por la Unión Europea” aseguran, pero invitan a que empresarios y trabajadores encuentren un punto de encuentro a través de la negociación colectiva para lo que se ha ofrecido a mediar el ministerio de Empleo y a supervisar el de Fomento.

El Gobierno establece un periodo transitorio de tres años para liberalizar el sector, dando libertad a las empresas para contratar y a compañías europeas a establecerse.

El borrador incluye la obligación de mantenimiento de un porcentaje de la actual plantilla (el 75% el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero).

El cambio exige adaptar los actuales convenios colectivos a la normativa nueva o se declararán nulos y, con alguna excepción, los estibadores necesitarán una titulación de Formación Profesional. Las autoridades portuarias, además, se comprometen a compensar los costes por despido.

¿Qué piden los trabajadores?
Los estibadores creen que la liberalización que plantea al Gobierno es un “ERE encubierto”, subvencionado por el Estado con fondos públicos, que les aboca al despido al día siguiente de la entrada en vigor y a volver a negociar una protección que el sector se ha ido ganando.

Explican que les quieren indemnizar hasta 2014 con 20 días por año con cargo al Estado y partir de ese año se harían responsables las empresas.

Los estibadores pedían un registro de trabajadores en cada puerto, donde se inscriban los estibadores disponibles, y la subrogación de sus actuales contratos.

Los trabajadores de la estiba aseguran que su trabajo exige una cualificación técnica por, al menos, dos motivos: la seguridad y el mantenimiento del nivel de productividad actual.

El colectivo al que pone voz Antolín Goya, estibador canario, a través de la Coordinadora del Mar asegura que el éxito del trabajo portuario se debe a la profesionalización y organización actual.

¿Qué piden los empresarios?
Las empresas de estiba como colectivo a través de Anesco, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, y de PIPE, Plataforma de inversores en puertos de España – principales concesionarias (Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé)-, en las que se inscriben defienden el borrador del Gobierno que propone la liberalización total del sector.

Consideran a los estibadores “el último sindicato vertical”, una anomalía de “trabajadores privilegiados”. Creen que la reforma del sector permitirá bajar los costes y ser más competitivos.

Asegura desde PIPE que el problema no es que se pague a los estibadores “130.000 euros por seis horas de trabajo” sino la rigidez del sistema, que impide que los empresarios no pueden determinar a quién contratan, a quién premian o cómo reparten la tarea.

Algunas empresas como APM Terminal, Hutchison y Grimaldi, llegaron a acuerdos con los estibadores, lo que los representantes han esgrimido en las reuniones. Piden los estibadores que se respeten pactos que han servido para los empresas, aunque según la patronal, se estaban obteniendo firmas mediante “presiones”.

¿Qué repercusión tiene para la economía el trabajo del estibador?
Para medir la importancia del trabajo, el valor de la mercancía que se mueve por los puertos en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB).

Aproximadamente, la estiba acapara el 51% de los costes de manipulación de mercancía en un puerto, según un estudio de la consultora PwC para la patronal que sitúa el salario medio anual en 68.000 euros.

Los estibadores defienden la dificultad de establecer un cálculo y que nunca saben lo que cobrabarán a final de mes puesto que su salario se compone en el 80% de la carga de trabajo, de lo que produzcan a diario. Si el puerto no es atractivo o competitivo repercute por tanto en su salario.

Según la patronal, la liberalización del sector permitiría la contratación de 18.000 trabajadores, lo que supondría triplicar las plantillas actuales.

La plataforma PIPE considera que una huelga tendría un coste para la economía de 50 millones de euros diarios, incluso cumpliendo los servicios mínimos que garantizan el 50% de la carga de trabajo y la distribución de productos perecederos.

 

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