La Corte Federal de Apelaciones estadounidense decidió de forma unánime mantener la suspensión temporal del decreto del presidente Donald Trump que restringe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se produce tras los recursos de los estados de Washington y Minnesota. El caso podría llegar a la Corte Suprema que decidiría su destino final.

Poco después de la decisión, Trump tuiteó: “NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES, LA SEGURIDAD DEL PAÍS ESTÁ EN RIESGO!”.

Por su parte, el Departamento de Justicia dijo que está revisando la decisión y considerando opciones.

El decreto de Trump del 27 de enero prohibió la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días e impuso una suspensión de 120 días a la llegada de todos los refugiados, excepto los de Siria, cuya entrada quedó prohibida indefinidamente.

El juez federal James Robart suspendió las medidas de Trump el viernes pasado.

El fallo de la corte de apelaciones, que sigue a una audiencia del martes, no resuelve el fondo de la demanda, sino que se refiere a si la medida debe suspenderse mientras el litigio prosigue.

Dos miembros del panel de tres jueces fueron nombrados por los ex presidentes demócratas Jimmy Carter y Barack Obama, y el restante por el ex mandatario republicano George W. Bush. Los magistrados dijeron que los estados mostraron que incluso la reinstauración temporal del decreto podría causar daños.

En la decisión, sostuvieron que el Gobierno de Trump no ha entregado “ninguna evidencia” de preocupaciones sobre la seguridad nacional que justifiquen la sanción a estos siete países. Agregaron que las autoridades tampoco demostraron que personas proveniente de esas naciones hayan perpetrado ataques terroristas en Estados Unidos.

Trump ha dicho que la orden es vital para la seguridad nacional y criticó al juez Robart de Seattle por suspenderla.

Muchos han considerado la prohibición de Trump discriminatoria contra los musulmanes y han cuestionado su valor como medida de seguridad.

Expertos en seguridad nacional, las principales compañías de tecnología de Estados Unidos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de más de una docena de estados respaldan la iniciativa legal contra la prohibición migratoria.

 

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