A poco que observemos cómo los impuestos recaen sobre la sociedad, se hace evidente la gran cantidad de esfuerzo que los ciudadanos dedicamos a mantener al Estado, un ente cuya producción no es elegida libremente por sus usuarios, y por lo tanto no está sometido a los rigores de la competencia. Pero resulta que es la competencia lo que incentiva la mejora de los productos y servicios, lo que adecua las calidades y los costes a lo que cada consumidor requiere. Así que las relaciones económicas no sometidas a competencia, obligatorias para los usuarios, están destinadas a convertirse en una pesada carga para los mismos, porque no habrá modo de reconocer las ineficiencias o no existirán incentivos para eliminarlas.

Dejando al margen la infame magnitud de la presión fiscal que padecemos, podría pensarse que el simple uso de la razón en el análisis de los mecanismos fiscales, debería bastar para mejorar la eficiencia de la recaudación. Podríamos observar el modo en que se aplican los impuestos y racionalizarlo para que la recaudación se haga con el mínimo esfuerzo posible, tanto para el Estado como para el contribuyente. Pero, cuando observamos la cruda realidad, vemos toda una serie de procedimientos de recaudación absurdos, cuya aplicación no sólo resulta muy onerosa para el Estado sino que representa un considerable esfuerzo añadido para los contribuyentes, una verdadera tortura fiscal. Ello demuestra que no hay incentivos para aplicar análisis racional alguno a los procedimientos de recaudación, salvo aquellos que beneficien los intereses particulares de quienes gestionan ese sistema.

En realidad es algo que cabría esperar. Pero ello debería ser, al menos, fuente de indignación para los ciudadanos. Debería serlo porque somos nosotros quienes sufrimos los daños producidos, tanto los derivados de la recaudación en sí, como de la penosa eficiencia de los procedimientos recaudatorios. Una cosa es que te expropien el grano, y otra que además te obliguen a llevarlo a casa del recaudador, que por pura torpeza te rompan el carro, y que la mitad de ese grano tan duramente trabajado termine pudriéndose en un silo lleno de agujeros.

Lo que haría mejorar notablemente la eficiencia de la administración tributaria es simplificarla, porque es un laberinto insufrible tanto para el contribuyente como para el recaudador. Uno de los casos más evidentes es el del Impuesto al Valor Añadido, impuesto demencial donde los haya. Sólo a un loco se le podría haber ocurrido una tortura fiscal semejante, para proporcionar un resultado que se obtendría mucho más fácilmente con un simple impuesto a las ventas minoristas. El Estado podría recaudar lo mismo, pero con mucho menos esfuerzo y estorbando mucho menos. Bastaría con que sólo se aplicara el IVA en las ventas a personas, no a empresas. Se acabaron las repercusiones del IVA en la gestión de tesorería de las empresas, los efectos financieros derivados del descuento de facturas y documentos de cobro a plazo, los relacionados con las amortizaciones por bienes de equipo, los problemas de IVA causados por los impagos, las distorsiones provocadas por la exportación e importación de bienes…

Hay que ser consciente del daño que hace la administración del IVA en toda la pirámide productiva, y la dificultad que supone actuar sobre tantísimas empresas que no venden al público (la mayoría de ellas). Y total, todo ello para recaudar un porcentaje sobre las ventas al consumidor final, quien es el sujeto pasivo del impuesto. Con un impuesto a las ventas minoristas se podría recaudar con un esfuerzo administrativo mucho menor, con menos funcionarios, y eliminando obstáculos administrativos y financieros a la gran mayoría de las empresas.

El IVA estorba más de lo que recauda. Su concepción parece consecuencia de un desmedido afán por controlar todos los entresijos de la producción y el comercio. Pero ese es un empeño innecesario y disparatado, sino imposible, que genera una burocracia desproporcionada y complicada de administrar, tanto para los contribuyentes como para el Estado. Se trata de un afán tonto además de desmedido, ya que un impuesto a las ventas minoristas obtendría fácilmente mejores resultados, al ser más disuasorio para el empresario informal. Bastaría con que todas las empresas estuvieran obligadas a declarar lo facturado (como ya lo están), para dificultar mucho la evasión. Las empresas de las etapas intermedias y alejadas del consumo tendrían muy escasos incentivos para no presentar sus declaraciones de facturación, ya que no tendrían que hacer pago alguno a hacienda, y no declarar les supondría asumir el riesgo de ser multados. El simple conocimiento de esa falta de incentivos para no declarar, y el de que Hacienda siempre podría confrontar las ventas de los minoristas con las de sus proveedores, haría que los vendedores al público fueran particularmente escrupulosos con los pagos del IVA. Pero es que, además, son precisamente los minoristas quienes tienen más capacidad para recaudar el impuesto e ingresarlo en Hacienda, ya que son quienes gozan de los plazos de cobro más cortos y administran mayor liquidez. Eso haría que, para Hacienda, los cobros fueran más seguros.

Por desgracia, este tipo de situaciones se dan con muchos otros impuestos, que parecen concebidos no con simple ánimo recaudatorio, sino como premeditados estorbos para cualquier clase de actividad económica. Lo único bueno que tiene la inevitable torpeza del Macro-Estado fiscal que padecemos, es que ha de arrastrarlo a su definitivo declive tarde o temprano.

Antonio CanosaAcerca del autor: Anotonio Canosa

Consultor industrial en el área de manufacturas de polímeros y comercio internacional de mercancías. Asesor personal de inversiones. Colaborador del Instituto Mises Hispano y miembro del P-LIB.

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El IVA y la tortura fiscal
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