El juez de la Operación Taula pide al Supremo investigar a Barberá por blanqueo de capitales

El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga la Operación Taula, una pieza separada del caso Imelsa, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue —que impute, según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, aforada por su condicición actual de senadora. Así, el magistrado ha enviado al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa y subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal investigada —imputada— en la Operación Taula. También considera que las explicaciones dadas por la senadora son “insuficientes” para excluir su posible implicación.

En esta pieza separada del caso Imelsa, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores ‘populares’, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Según el magistrado, dado que la exalcaldesa reconoció haber realizado el donativo de 1.000 euros al partido, por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevarla causa al Tribunal Supremo, el único competente para investigar y juzgar, en su caso, a Barberá, por ser aforada.

En su escrito, el instructor de la Operación Taula apunta que Barberá como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal del PP era la superiora jerárquica de la reponsable de finanzas, principal investigada en el caso, y además, existía, a su juicio, una relación de estrecha confianza entre ambas. La principal investigada, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes.

Si finalmente el Tribunal Supremo decide investigar a Barberá, deberá pedir permiso al Senado, ya que es miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta y seguirá aforada aunque se disuelva el Senado el próximo 2 de mayo por la repetición de las elecciones.

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