El PP trató de seguir este martes con su línea de defensa en la pieza del caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del partido conservador cometido en las campañas electorales de 2011 y 2015. Aunque volvió a insistir en que no tenía ninguna competencia sobre la cuenta de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, hubo dos novedades.

La primera es que el PP admitió que recibió transferencias desde la cuenta opaca que, según los investigadores, se habría usado para sufragar los gastos electorales de estos dos años. Ésta no fue sometida a ningún tipo de fiscalización, por lo que se podían realizar pagos sin que se reflejaran en la cuenta oficial.

El segundo es que admitió que las donaciones durante el período electoral (es decir, las «anónimas» que la exsecretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster, reconoció que aceptaba) son «ilegales».

Ambas afirmaciones fueron realizadas por el director de auditoría del PP Carlo Lucca, quien analizó las cuentas provinciales y las electorales abiertas en ambas campañas. Éste compareció en calidad de testigo a petición del Partido Popular. Génova, según argumentó, no controlaba, ni tenía obligación de hacerlo, la cuenta bancaria del grupo municipal puesto que la ley no se lo exige. Además, aludió a la imposibilidad de controlar lo que ocurre en los numerosos consistorios de España.

Una versión que también sostuvieron el representante legal del PP Jorge Carbó y los administradores de las candidaturas José Antonio Moscardó y Montserrat Tello. Esta última negó que tuviera conocimiento de esa cuenta opaca ni directa ni indirectamente y, por lo tanto, de que hubiera gastos electorales por parte del grupo municipal que les trasladaran.

Vigilancia

La justificación contrastaba con la de García Fuster, una de las principales investigadas en este caso. En su declaración aseguró que el PP sabía de la existencia de la cuenta opaca puesto que ella informaba de los gastos electorales y que incluso enviaba las facturas a la dirección provincial, con lo que ésta se encontraba al corriente de todos los ingresos y gastos de las campañas. Apuntó que desconoce si las hacían constar o no en la contabilidad electoral y señaló que en ningún momento se superó el techo de gasto establecido legalmente.

Vistas estas contradicciones, el juez pidió una serie documentación al partido para comprobar su grado de implicación en el presunto delito electoral. Ahora, y tras la presentación de todos estos documentos, los investigadores tendrán que decidir hasta qué punto existe responsabilidad real del Partido Popular, que ahora se encuentra investigado como persona jurídica por blanqueo.

Pese a toda esta línea de defensa en la que Génova se desmarca de cualquier decisión en el grupo municipal y lo apunta como único responsable, los investigadores colocan el foco en los mecanismos que el PP puso en marcha para vigilar que no se cometieran este tipo de delitos, y que entienden que fueron inexistentes.

Una de las declaraciones previstas próximamente es la de la tesorera nacional del partido, Carmen Navarro, cuya citación todavía no está señalada.

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