Economía

España tiene las regiones con mayor presión crediticia de la UE por su envejecimiento

Moody’s vuelve a poner el dedo en la llaga al sistema de pensiones estatales español. Según esta agencia de calificación de deuda, los gobiernos regionales y locales en España se enfrentan las presiones crediticias más elevadas de financiar el cuidado de las personas mayores en Europa debido a las perspectivas de envejecimiento de su población.

En la presentación de su informe este martes, la agencia Moody’s declaró que “Pese a que su gasto en estos servicios como porcentaje del PIB está en la media de la UE o por debajo, su alto nivel de responsabilidad fiscal y su limitada flexibilidad fiscal significan que los gobiernos locales y regionales de España son los más expuestos a presiones crediticias negativas”.

“Para 2070, el número de población con más de 65 años probablemente represente el 29% de la población de la UE, frente a un 19% en 2016, mientras que los de más de 80 años supondrán un 13% del total”, añadió Moody’s, que analizó para su informe 10 países europeos.

Con respecto a nuestro país, según datos de la OCDE, la población española que supera los 65 años de edad actualmente, que en 1960 representaba el 8,2% del total, asciende al 19%. En 2031 se disparará al 26,2%, si bien en algunas regiones, como es el caso de Asturias, ya ha alcanzado el 25% de la cuota.

En los años 90, tres catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid llegaron a la conclusión de que para 2020 en España habrá una esperanza de vida de 77,7 años para los hombres y de 83,8 años para las mujeres.

El informe de Moody’s especifica también que en la mayor parte de los países de la UE la legislación del cuidado de personas con dependencia y mayores está en manos del Estado a nivel nacional, sin embargo, la regulación de estos servicios, así como la financiación de los mismos, están en manos de los gobiernos regionales y locales, de ahí que la presión crediticia aumente sobre ellos.

Además, Moody’s señala algunos aspectos sociológicos importantes que tendrán -y ya tienen- una repercusión tanto en el sector público como privado de países como España: la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento de la esperanza de vida, así como la complejidad de las discapacidades actuales en las personas dependientes.

El envejecimiento de la población española es un problema que preocupa también a las arcas públicas nacionales, debido al enorme incremento previsto en el coste de las pensiones. Así que la gran pregunta que todos se hace, una vez más es ¿A qué esperan para reformar nuestro sistema de pensiones para hacerlo sostenible?

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