El líder del PP, Mariano Rajoy, fue reelegido este sábado como presidente del Gobierno -al tercer proceso de investidura-, gracias a la abstención del PSOE. Una vez confirmado el nuevo Ejecutivo, una de las cuestiones fundamentales es qué medidas urgentes tiene que afrontar este nuevo Gobierno.

Una de las medidas más urgentes para el nuevo Gobierno será aprobar el techo de gasto para 2017 adaptado a los nuevos objetivos de déficit y base para presentar los presupuestos del próximo año, aunque también deberá hacer frente a la revalorización de las pensiones prevista en el 0,25%.

Previsiblemente, el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy aprobará el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de cada uno de sus subsectores hasta 2018, así como el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2017.

Por otro lado, el cumplimiento del déficit comprometido con Bruselas conllevará un ajuste de más de 15.000 millones de euros en 2017, aunque el Ejecutivo rebaja esta cantidad al entorno de los 5.500 millones gracias al impulso del crecimiento económico que permitirá corregir el déficit en un punto del PIB.

Rajoy no está dispuesto a rebajar el gasto

El reelegido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó durante su discurso en el debate de investidura que si la evolución de los ingresos sigue una tendencia favorable, estas medidas correctivas tendrían un importe menor a esos 5.500 millones estimados inicialmente.

De todas formas, el techo de gasto de 2017 será inferior a los 123.394 millones aprobados para 2016, ya que incluso sin medidas discrecionales de reducción de gasto, hay partidas que han disminuido como los intereses de la deuda o los relativos a las prestaciones por desempleo.

El techo de gasto y la aprobación de las metas de déficit del 4,6% del PIB para este año; del 3,1% del PIB para 2017 y del 2,2% del PIB para 2018, son la base para la aprobación posterior de los presupuestos de 2017, cuya tramitación empezaría a principios de ese año, lo que provocará el 1 de enero la prórroga automática de las cuentas de 2016.

El primer Consejo de Ministros, clave

Por este motivo, el nuevo Ejecutivo también podría aprobar en las primeras reuniones del Consejo de Ministros un Real Decreto con medidas presupuestarias urgentes no prorrogables como la subida de las pensiones del 0,25% o un aumento en los sueldos de los funcionarios.

Asimismo, hay que nombrar los cargos a la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que expirara el mandato de Elvira Rodríguez y Lourdes Centeno, respectivamente, el pasado 6 de octubre.

En el terreno financiero, el nuevo Gobierno también deberá decidir a corto plazo qué hacer finalmente con Banco Mare Nostrum (BMN) y si sigue adelante con su idea de que el grupo nacionalizado formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra sea absorbido por Bankia, la otra entidad participada mayoritariamente por el Estado.

El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy mandó al FROB este verano que empezara a estudiar la fusión de Bankia y BMN, puesto que los mercados no parece que estén preparados para que esta última entidad salga a bolsa en 2017.

Infraestructuras y energía, sectores clave

El Estado está a la búsqueda de una nueva burbuja, y ya mira con avidez al tradicional ladrillo y al sector energético.

En el ámbito de las infraestructuras, el futuro Ejecutivo deberá abordar la liquidación de las autopistas de peaje en concurso de acreedores, un proceso pendiente de la decisión de un juzgado mercantil de Madrid.

Las constructoras pedirán al nuevo Gobierno que reactive la licitación de obra pública, ahora bajo mínimos, lo que a su vez podría reactivar la burbuja del ladrillo. También está pendiente la adjudicación del ‘megacontrato’ de Renfe para la compra de hasta treinta trenes de alta velocidad por más de 2.600 millones de euros.

El nuevo Gobierno deberá avanzar también en la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, iniciado hace dos años con la apertura del corredor de Levante a operadores privados.

Con respecto a la energía, el Ejecutivo tendrá que aprobar el nuevo sistema para fijar el margen de las comercializadoras encargadas de la tarifa eléctrica regulada y los detalles de la próxima subasta de capacidad renovable.

La industria del motor reclama, además, un nuevo Plan Pive para renovar el parque automovilístico y la reedición del Plan Movea para impulsar los vehículos eléctricos.

Por último, desde el sector turístico, que vive un momento dulce, se pedirá un impulso al turismo de calidad, mientras el comercio demandará mayor libertad de horarios y medidas para impulsar el consumo.

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