El déficit en la Seguridad Social rondará este año el 1,7 por ciento del PIB, tres décimas más que la meta oficial, y seguirá incumpliendo el objetivo al mantenerse en torno al 1,5 por ciento hasta principios de la próxima década, según estimó el miércoles el organismo supervisor de las cuentas públicas españolas.

“Pensamos que el objetivo del 1,4 por ciento del PIB para 2017 desde el 1,7 por ciento de déficit de 2016 no es alcanzable. Esperamos un resultado similar al de 2016”, dijo el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, durante una comparecencia parlamentaria.

“En ausencia de medidas, el déficit de la Seguridad Social va a mejorar sólo muy ligeramente en los próximos cinco o seis años, hasta 2022”, añadió.

Escrivá consideró además difícil que el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas baje del 2,5 por ciento en los próximos años, siendo la Seguridad Social responsable del 60 por ciento de ese desfase.

El Gobierno español prevé que el déficit de la Seguridad Social baje al 1,2 por ciento del PIB en 2018 y al 1,0 por ciento en 2019, dentro de una cifra conjunta para esos años de un 2,2 y un 1,3 por ciento, respectivamente.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

Según la AIReF, el desequilibrio entre ingresos y gastos supondrá que si no se toman medidas adicionales las pensiones sólo registren una revalorización mínima del 0,25 por ciento, lo que conllevará una pérdida de poder adquisitivo entre 2013 y 2022 del 7 por ciento, aunque se mantenga la relación entre pensión media y salario medio.

Escrivá expuso las estimaciones de la AIReF ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que trabaja en una reforma del sistema público de pensiones para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social ante los retos demográficos y económicos.

Según el supervisor fiscal, la reforma realizada en 2011 y, en menor medida, el factor de sostenibilidad introducido en 2013 tendrán un importante efecto sobre la evolución del gasto en pensiones, que estimó de manera preliminar en torno a 5 puntos del PIB en 2050.

Escrivá anunció que el organismo está trabajando en un documento que analice en profundidad la situación del sistema de pensiones español para adoptar medidas en el seno del Pacto de Toledo, pero advirtió de la enorme incertidumbre a largo plazo en términos tanto demográficos como económicos.

“A largo plazo hay que actuar con prudencia y en base a estudios más profundos”, dijo, instando a la propia Seguridad Social a ofrecer más transparencia y a involucrarse más en futuros estudios.

 

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