Leía hace poco sobre la relación entre el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, y su relación con Pepephone. Es habitual que la gente se indigne cuando descubre filias en las agrupaciones que deben ser usadas para defenderse, en teoría.

Supuestamente, el Estado regula las actividades de las asociaciones. De esa manera, alguien que tiene un nombre bonito trasmite una confianza legitimada por el Estado. Es importante resaltar que todo esto no forma parte más que del imaginario colectivo.

Igual que los fondos de inversión con buenos nombres no tienen porqué tener aparejada rentabilidad, los nombres de las asociaciones no otorgan imparcialidad ni dedicación al socio. Despertar del sueño estatal es comprender que estamos en una selva sin ley, una anarquía total, dónde el mejor instrumento es la información: las cosas no son lo que parecen.

Hay numerosos ejemplos. Recientemente, uno llamó la atención de la policía, el de Ausbanc. Parece que, lejos de ser una asociación para la defensa del usuario de banca, era una red de extorsión para evitar la publicidad negativa.

Yo difiero de esa interpretación, así como defiendo el derecho de FACUA a suscribir acuerdos comerciales cualesquiera. Por un lado, porque la legislación no impide que estas cosas ocurran, y por otro para que el consumidor no delegue sus responsabilidades (ya que siempre se aprovecha alguien).

Estas empresas no son más que agencias de publicidad. Se ganan la credibilidad criticando comportamientos abusivos de las empresas (en teoría), mientras acuerdan promocionar a otras de soslayo. Es, pues, la reacción del mercado a la prohibición de la publicidad negativa. Si no podemos decir que la competencia es peor que nosotros, y argumentarlo, se genera un mercado negro de la publicidad que consiste en la creación de agencias con la piel de asociaciones. Un estatista podría argumentar que esto genera, pues, nuevos puestos de trabajo, pero olvidaría que nos supone un coste judicial y carcelario. Ni siquiera está planificado, pero la intervención estatal en la prohibición de productos genera un mercado negro, en las drogas como en la publicidad.

Es un nuevo caso en los que el gobierno crea un problema que no existe, aplicando soluciones equivocadas y creando una situación más caótica que la de partida, induciendo a la confusión del consumidor. No legislar la publicidad negativa acabaría con este tipo de prácticas.

Si el consumidor no creyera que el Estado supervisa la bondad de la actuación de los seres humanos, revisarían las conexiones de las asociaciones y sindicatos antes de afiliarse. Incluso puede que leyeran los programas de los partidos políticos. La sociedad demandaría estar bien informada antes de tomar decisiones.

Está claro que la contrapartida es el bombardeo de información y la proliferación de asociaciones vinculadas a grupos de interés (como empresas). Eso nos pondría de manifiesto la ignorancia con la que vivimos y lo expuestos que estamos, mejorando nuestra consciencia y obligándonos a tomar decisiones informadas.

Pero la educación nos invita a la fe, nos hace sentir seguros al brazo del Estado. Y cualquier colectivo que venga con la cantinela del bien de todos y la defensa de los buenos tiene asegurado un trocito en nuestro corazón, una puerta abierta por la fe estatal. Un caldo de cultivo para la desindividualización, si tal cosa existe.

Gerónimo Perea


Acerca del autor: Gerónimo Perea

Soy gestor de patrimonio inmobiliario. Autónomo. Emprendedor. Multidisciplinar. Lo más importante, mi familia. Página personal

 

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